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…Supose que entendreu que pagava la pena la transcripció.

La present crítica de l’Estat de Benestar, des d’una perspectiva socialdemòcrata, va ser el·laborada a instàncies del catedràtic Eusebio Fernández, professor de Filosofia Política, al mes de febrer.

No son pocos los ámbitos en los que se está abordando la llamada “crisis del Estado social de bienestar”: el de los científicos sociales, los filósofos, los políticos… y hasta los medios de comunicación social. Y es que no es poco lo que nos jugamos en las sociedades de corte liberal-democrático: un sistema de cobertura social inmensa que protege y promueve el bienestar básico de todos los ciudadanos, en conjunción con una economía de mercado a la que tradicionalmente se le han aplicado medidas correctoras, atendiendo al interés general.

Empezaremos señalando que esta crisis del Estado del bienestar, o liberal-democrático, coincide con una erosión del propio estado como forma de organización política. Las características tradicionalmente atribuidas al Estado –poder de intervención sobre un territorio bien definido- se han ido desdibujando. A principios del siglo XXI, pocos estados –por desarrollados que sean- son capaces de llevar a cabo por su cuenta y riesgo una determinada política económica o de bienestar, por razones tan diversas como la cesión de competencias a ámbitos de decisión política de carácter inferior o superior, o el creciente desarrollo de determinadas corporaciones privadas en un mundo globalizado.[1]

Algunos abogan, en este contexto de reflexión, por la desaparición del modelo actual de bienestar para suplantarlo por un modelo de corte socialista (real), o neoliberal. Nosotros, siguiendo los estudios a nuestro alcance, nos decantamos por la opinión de que es a todas luces irresponsable proponer un cambio drástico o un desmantelamiento del Estado social de bienestar. La cuestión no está, como agudamente ha reseñado Manuel ARAGÓN en Estado social sí o Estado social no, sino en más o menos Estado social, entendido como una organización política que asume la responsabilidad de proteger y promover el bienestar de todos sus miembros. A todo esto hemos de añadir un nuevo elemento de debate: los posibles mecanismos de integración de la ciudadanía para que el modelo resultante gane en calidad democrática.

Nuestro modelo de Estado social de bienestar presenta, según nuestro parecer, disfunciones importantes en dos grandes campos: (1) los Ámbitos de profundidad y actuación del Estado, así como selección de los destinatarios y, (2) la Calidad democrática del sistema.

(1) Ámbitos de profundidad y actuación del Estado, así como selección de los destinatarios.

El Estado social no sólo se preocupa por garantizar la libertad, la seguridad y los derechos de participación política (tal y como ya hacía el Estado liberal), sino que también de lo que Ernst FORTSHOFF ha venido en llamar “procura existencial”. Esta protección “no se agota en las medidas a favor de las clases económicamente débiles, sino que se extienden a la generalidad de los ciudadanos”[2]. Esto, de facto, no es sino una medida que prolonga las situaciones de desigualdad existentes en el seno de la sociedad, al permitir que quien más tiene pueda beneficiarse de las mismas prestaciones básicas que quien no posee tanto. No puede ser tratado como igual lo que no es igual. A esto hemos de añadir que, desde el punto de vista económico, este sitema de garantías prestacionales generalizado es insostenible.

La actitud mantenida mayoritariamente entre la clase política con opciones de gobierno de mantener un nivel cada vez más elevado de prestaciones sociales (desde colegios bilingües hasta tratamientos odontológicos), acompañada de una rebaja paulatina de los impuestos y, además, mayores cantidades inversión presupuestaria en materia de cooperación internacional puede llevarnos, en el medio plazo, a una situación nada deseable de quiebra del sistema de seguridad social. Los partidos políticos, en un ejercicio de irresponsabilidad mayúscula, se dejan arrastrar por la tendencia de mercantilización del voto, prometiendo inversiones cada vez más difíciles de ejecutar y aumentando el desencanto y desconfianza de los votantes. Compartimos la opinión de que las prestaciones y servicios del Estado han de estar priorizados según las necesidades y urgencias, atendiendo a los más desfavorecidos social y económicamente. Se puede ganar además, de este modo, prestigio en cuanto a la malograda eficacia de unos servicios públicos en ocasiones desbordados por la falta de adecuación entre la multitud de cuestiones que deben atender, y los medios con que cuentan.

El Estado, como garante de que las condiciones de igualdad entre sus ciudadanos son reales y efectivas, ha de tutelar la prestación de determinados servicios, pero dando participación, si procede, al sector privado en la decisión y la gestión de las mismas. Implicando a la sociedad civil se puede ganar en eficiencia y objetividad. Por sector privado entendemos no sólo el mundo de la empresa, sino también aquellas entidades con finalidad no lucrativa.

Por otra parte no se entiende, en nuestros días, la estatalización de empresas de manera total o con carácter mixto. El Estado social de bienestar, siguiendo la descripción de GARCÍA PELAYO, ha de funcionar como un Estado-distribuidor. El Estado no tendrá especial interés en la nacionalización de los medios de producción (no lo ha de tener, ha de facilitar la iniciativa privada y la libre competencia), ya que su pretensión se rige sobre todo por “una más justa distribución de lo producido llevada a cabo por la adecuada utilización para tal fin de la potestad fiscal (…)”.

(2) Calidad democrática: ciudadanos desincentivados por falta de mecanismos de participación y falta de confianza en las instituciones.

No es gratuito recordar que el insigne filósofo del derecho Norberto BOBBIO aludía, ya en 1984[3], a que la democracia no ha logrado extender entre sus súbditos la virtud cívica o el amor a la cosa pública: ha crecido la apatía política y la dependencia clientelar basada, fundamentalmente, en el interés individual. La actuación del estado de bienestar se proyecta en la mayor parte de las esferas de la vida de los ciudadanos, generándose como resultado individuos desideologizados, despolitizados, limitados en el desarrollo de su personalidad y empobrecidos en cuanto a sus opciones vitales. Consumidores satisfechos, en expresión de Enrique TIERNO GALVÁN.

Aún así, una de las cinco condiciones o arenas[4] que determinan el grado de consolidación de un sistema liberal-democrático es la existencia de una sociedad civil libre y vital, que fomente una cultura democrática guiada por los valores de tolerancia y solidaridad entre los diversos grupos sociales. La sociedad civil hace referencia en este contexto “al espacio de la vida social organizada que es voluntaria, autogenerada, autosuficiente, autónoma del Estado y regulada y protegida por un orden legal o un conjunto de reglas compartidas”. Así pues, la sociedad civil es –o debe ser- un intermediario entre la esfera privada de los ciudadanos y el Estado, en el que diversos individuos actúan en la esfera pública, usualmente de forma colectiva, para expresar y avanzar sus intereses, intercambiar información, realizar demandas al Estado y para fiscalizar la labor de los gobernantes[5].

La aparición en el seno de una sociedad democrática de un tejido cívico potente se configura como un elemento básico para reducir la distancia cada vez más acuciante que le separa de la manera de proceder del Estado. La ciudadanía, o bien se siente a gusto envuelta en un inmovilismo reverencial hacia el Estado social de bienestar, o bien no encuentra cauces de participación social en la toma de decisiones y en su aplicación, desentendiéndose así de la organización política bajo la que se ampara. Es necesario un menor intervencionismo del Estado en la vida de sus ciudadanos y otorgar un apoyo decidido a la sociedad civil. Un “nuevo equilibrio de esos dos ámbitos, hoy por hoy imposibles de separar totalmente, que son la sociedad civil y el Estado”[6].

Para que esto se produzca, deben aplicarse medidas que refuercen el carácter dialogante-dialéctico de la que por definición tiene la democracia, promoviendo los momentos de debate entre posiciones y alternativas para evitar la simplificación tecnocrática del funcionamiento político del Estado (Habermas), ampliando la capacidad de intervención individual y colectiva en los procesos de decisión… Por otra parte, es necesario poner el acento reformador en el diseño de nuevas instituciones –consejos de participación, consultas populares-, acudiendo a las nuevas tecnologías de la información cuando sea necesario. Se trata en definitiva, de desarrollar una democracia participativa o fuerte, como alternativa a la democracia cada vez menos real y efectiva del Estado liberal-democrático.

Pero no podemos obviar que partimos de una desconfianza creciente de la ciudadanía en las instituciones democráticas y, especialmente, en los políticos. Para ello es necesario insistir en una profundización moral de la democracia liberal, ahondando en los valores que han originado, desarrollado y sustentado sus instituciones políticas y jurídicas.[7] Entendemos compatible con este razonamiento ahondar en lo que algunos autores han llamado la moralización de la política, basada en la subordinación de la política a una ética que tenga como contenido básico el respeto a la dignidad humana y a lo que de ella se deriva: autonomía, seguridad, igualdad y justicia. Por otra parte ha de exigirse a los responsables políticos, junto a esta condición, que sean honrados: con una actuación pública sujeta a una serie de normas basadas en la idea de justicia y de bien común. La plasmación en hechos concretos y perceptibles de estos principios puede generar complicidades en la ciudadanía de gran valor para la consecución del nuevo pacto social.

Ningún sistema político puede perdurar en el tiempo sin un respaldo de la aceptación y de la vigencia normal entre los ciudadanos de un talante o forma de ser cívico-moral (talante moral ciudadano) que convive con los valores del sistema jurídico-político y le sirve de base y complemento. Algo parecido puede estar empezando a pasar en el Estado social de bienestar. Apostamos por un debate sereno, maduro, que siente las bases de un nuevo pacto social, partiendo de la idea de civismo:

“Cuando conviven, los hombres y las mujeres necesitan formar relaciones en las que una interacción de voluntades y un intercambio –o colisión- de intereses les obliga a gobernarse. El civismo entraña el buen gobierno de convivencia, pero no desde un centro de autoridad, sino por obra y gracia de quienes participamos en ella.”[8]

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Notas:

[1] VALLÉS, Josep Mª, Ciencia Política: una introducción. 1ª ed., 2000, Ariel.
[2] citado por Eusebio FERNÁNDEZ en Filosofía Política y Derecho, 1995, Marcial Pons, p.110
[3] Norberto Bobbio, Las promesas incumplidas de la democracia. Citado por Josep Maria Vallés (op.cit. p. 120).
[4] Juan LINZ y Alfred STEPAN, Problems of Democratic Transition and Consolidation, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1996, p. 6.
[5] Larry DIAMOND, “Toward democratic consolidation”, en Larry Diamond y Marc Plattner (editors), The global resurgence of democracy, 2a ed., Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1996, p. 228. Citado por Wistano L. OROZCO, profesor del ITAM (México) en Consolidación e infraestructura institucional de la democracia.
[6] FERNÁNDEZ GARCÍA, Eusebio. Op. cit. p. 106.
[7] FERNÁNDEZ GARCÍA, Eusebio, “Filosofía Política y Derecho”, pp 104-105. El razonamiento contenido en los dos párrafos siguientes están fundamentados sobre el Capítulo II de la misma obra.
[8] CAMPS, V; GINER, S. “Manual de Civismo”. 5ª ed. Ariel, 2004.

EL PAÍS – Opinión – 28-04-2006

Proyectar el futuro, a medio plazo al menos, es un ejercicio de inteligencia para las personas y para los pueblos, sean homogéneos o plurales. Un ejercicio al que nos invitan hoy diferentes instancias, entre ellas el ciclo “Un horizonte para España”, organizado por José Luis García Delgado, primer titular de la Cátedra “La Caixa” Economía y Sociedad. Conviene pensar el presente y planear creativamente el futuro, y para eso repasar nuestros recursos, actuales y previsibles, en materia de ciencia, economía, derecho, política, ciudadanía, ética. Repasar todo aquello que puede oficiar de capital.Sabido es que el capital es un activo producido, productivo y duradero, que no se agota con un solo uso. Sabido es también que sin él no prosperan las empresas ni tampoco los países, al menos desde un punto de vista económico. Pero en los últimos tiempos, autores tan poco sospechosos de ignorancia en materia económica como Amartya Sen nos han recordado que incluso la economía tiene una meta situada más allá del beneficio monetario: el objetivo que le da sentido es el de crear una buena sociedad. Al fin y al cabo, las personas se afanan por ser felices, y una buena sociedad, una sociedad justa, es aquélla cuyos miembros pueden llevar adelante sus proyectos de vida feliz. Para lograrlo -se dice- es preciso recurrir al capital físico, financiero, humano y social, pero también -queremos añadir- al capital ético.

Componen -a mi juicio- el capital ético los valores morales que una sociedad pluralista comparte desde la diversidad de proyectos de vida buena. Justamente, una de las tareas más exigentes en sociedades plurales consiste en organizar la convivencia tomando como referente lo que se ha llamado una “ciudadanía compleja”, que no prescinde de las diferencias, como ocurriría tomando como modelo una “ciudadanía simple”, sino que se propone integrarlas cuidadosamente desde valores compartidos, cuando son justas. Si ciudadano de una comunidad política no es sólo el que pertenece a ella, sino sobre todo el que trabaja para que sea justa, la ciudadanía se cultiva, y más aún la compleja. Por eso es urgente recordar cuáles son esos valores comunes en países como el nuestro, porque sin hacer de ellos carne y sangre de la vida cotidiana, hay mal futuro. Un buen camino es, en principio, la educación, siempre que se emprenda con tiento, con la clara conciencia de que no es lo mismo educar que indoctrinar.

Porque podría pensarse que basta con aprender en la escuela los valores superiores de la Constitución o los del Tratado Constitucional de la Unión Europea, o los de los distintos Estatutos de Autonomía, valores que, a fin de cuentas, son los mismos. Ahí radican a la vez la fortaleza y la debilidad del “patriotismo constitucional”, que con tanto empeño defendió Habermas. La fortaleza de que los valores ético-políticos de los textos constitucionales en sociedades con democracia liberal permiten unir a sus gentes en un proyecto ético-político compartido, porque integran las diferentes etnias, religiones y razas en ese dêmos”, en ese pueblo, que incluye diferencias en el seno de la comunidad política. La debilidad -si es que es debilidad, que no lo creo- de que los valores superiores de esas sociedades son los mismos y mal pueden servir de base para un patriotismo que no sea cosmopolita.

Descubrir que se comparten valores es una buena noticia, siempre que uno de ellos sea el respeto activo a las diferencias justas, porque eso es lo que permite organizar respetuosamente la vida pública y, sobre todo, enfrentar con altura los mayores problemas de la humanidad: el hambre, la pobreza, el paro, el abandono, la violencia, la manipulación, la discapacidad, la dominación, la incultura. Los problemas más acuciantes de entre los que instan a la humanidad a resolverlos, aunque los medios de comunicación y la política estén en otros asuntos, día a día, hora a hora. Como si la tarea de la política y la de los medios no fuera la de priorizar por orden de importancia, sino otra cosa.

Sin duda, en la escuela deberían enseñarse con luz y taquígrafos estos valores ya compartidos, que conforman una ética de los ciudadanos, una ética cívica. Desde ellos se orienta la educación en la ciudadanía. Pero “enseñar” no significa indoctrinar por parte del profesor, memorizar por parte del alumno textos constitucionales o estatutos, ni siquiera si se trata de sus preámbulos. Memorizar no sirve para nada en esto de los valores, lo que importa es aprender a degustarlos, como ocurre con los buenos vinos, de los que nada se sabe sin una morosa cata. De donde se sigue el querer incorporarlos en la vida corriente porque dejan un buen gusto, ganas de repetir.
En esto de los valores y su incorporación en el día a día contamos con una tradición intelectual muy próxima, en la que cuentan al menos Ortega, Zubiri, D’Ors, Aranguren, Laín, Marías. Desde ella sabemos que los valores no los inventamos, sino que “los hay”, son cualidades de las personas, las acciones, las instituciones o las cosas, que atraen cuando son positivos y repelen cuando son negativos. Como la justicia o la libertad, que atraen, mientras que la injusticia y la dominación repelen. Sabemos que nos permiten acondicionar el mundo, haciéndolo habitable, porque mal se viviría en un mundo sin solidaridad o sin belleza, como se malvive en un edificio sin ventanas, con mugre y mal olor. Pero “valores éticos” serían aquellos que cualquier persona o cualquier pueblo deberían incorporar para considerarse humanos. Jugar bien al tenis no es un deber moral, decía Wittgenstein en su Conferencia sobre Ética, pero si digo una mentira escandalosa, no puedo responder a quien me critique que no quiero comportarme mejor, sin que su réplica sea: pues debería hacerlo.

Aspirar a esos valores e incorporarlos en la realidad cotidiana significa forjarse un carácter dispuesto a hacerlo, por eso no basta con memorizar textos, por buenos que sean, sino que es preciso aprender a degustar los valores que, como los buenos vinos, más se aprenden por degustación que por instrucción.

Recordar cuáles son los valores que componen el capital ético de nuestro país no es difícil. La justicia debería ser sin duda el quicio de la comunidad política, y por eso cuando es injusta está desquiciada, fuera de quicio, como esas puertas encalladas que ya ni abren ni cierran, están de más. Y la justicia reclama cuando menos libertad frente a esclavitud y tiranía; igualdad de capacidades básicas para llevar adelante proyectos de vida feliz; solidaridad entre las personas y los pueblos en tiempos de interdependencia; respeto activo hacia otras formas de pensar y vivir, siempre que no sean injustas; responsabilidad por lo vulnerable, por niños, ancianos, enfermos, discapacitados, pero también, aunque con un nivel de exigencia diferente, responsabilidad por la naturaleza que, por primera vez en la historia, está en nuestras manos; y diálogo como medio de resolver los desacuerdos, siempre que estén puestas las condiciones que le dan sentido.

Proyectar el futuro contando también con este capital ético, propio de una ciudadanía compleja, es una apuesta cuando menos inteligente por realista.